Los gobiernos de los estados nacionales han visto cómo
disminuyen los márgenes de decisión autónoma dentro del espacio físico de su
territorio. Es decir que su capacidad de decisión se relaciona directa mente
con la economía global en la que están involucrados, lo cual equivale a sufrir
la disminución de su soberanía. Esta disminución de la soberanía nacional se
presenta de dos formas:
De hecho: cuando factores económicos y políticos
externos influyen en las decisiones del país, como la presión de empresas
transnacionales o condiciones impuestas por el FMI.
De derecho: cuando el Estado firma tratados o se une
a organizaciones supranacionales como la Unión Europea o el Tribunal de La
Haya, cediendo formalmente parte de su poder.
Los convenios internacionales complican la labor de los
gobiernos, ya que deben atender no solo los intereses de su población, sino
también los compromisos de los países asociados. Esto lleva a que las
decisiones políticas prioricen las exigencias de corporaciones, organismos
financieros y la economía global, por encima de las necesidades sociales. Como
consecuencia, se eliminan subsidios, se privatizan servicios públicos, se reducen
apoyos a la educación y se negocian derechos fundamentales, lo que termina
afectando especialmente a los trabajadores, que quedan excluidos de los
beneficios del libre mercado.
La deuda externa de los países del tercer mundo constituye
uno de los principales obstáculos para su desarrollo y una de las principales
causas de la pobreza en el contexto de la globalización, el cual se
caracteriza, por la concentración de capital en grandes bancos privados y
empresas transnacionales
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